El origen de Suprema Fortuna

En el Perú es posible que un juez oculte por años fajos de miles de dólares en el dormitorio de su casa y que su fortuna solo quede al descubierto cuando, en un arranque de indignación, denuncie a su propia empleada doméstica ante la policía por robarle una porción de 50 mil dólares. El caso es real y tiene nombre: José Soberón Ricard, quien al momento de estallar el escándalo, en el 2008, era juez civil de Lima. En la investigación de oficio, la Fiscalía demostró que el magistrado tenía un desbalance patrimonial de medio millón de dólares en propiedades que no podía justificar con su sueldo, además de una singular versión del ahorro casero. Tras un proceso judicial, una sala anticorrupción lo absolvió dos años después con el argumento de que no hubo pruebas del origen ilegal del dinero. Pronto, el ex juez Soberón se reinventó como abogado en el sector inmobiliario y se hizo socio de una cooperativa de crédito dirigida por el abogado Rodolfo Orellana, ahora detenido y procesado como cabecilla de una red criminal que se apropió de terrenos del Estado.

El sistema judicial ha fracasado en el control de los magistrados. A pesar del poder que ejercen y la naturaleza de su cargo, los jueces peruanos están entre los funcionarios públicos más reacios a la rendición de cuentas y la transparencia sobre su patrimonio. La obligación de consignar sus bienes y rentas ante la Contraloría General de la República –considerada un instrumento para prevenir la corrupción– rige desde el 2002, pero una indagación de OjoPúblico permite saber ahora que el principal órgano de control de la administración pública carece en absoluto de información sobre 344 jueces de Lima y el Callao. Desconocemos información clave sobre personas que toman decisiones que afectan la vida de miles de personas todos los días. A eso hay que agregar la falta de fiscalización sobre lo que declaran los otros jueces que sí declaran.

¿Nos dicen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?

OjoPúblico se propuso resolver esa incógnita con una investigación que analiza el patrimonio de los jueces en el Perú. La plataforma Suprema Fortuna permite a los usuarios consultar la evolución histórica de las propiedades de 962 jueces de la Corte Suprema y de las cortes superiores de Lima y Callao que cumplieron con presentar su declaración al menos en algún momento de su trayectoria desde que la norma está vigente. Por primera vez será posible para los ciudadanos revisar sus bienes, situación crediticia, montos en acciones, ahorros y los ingresos públicos y privados reconocidos ante la Contraloría.

“La ciudadanía tiene legítimo derecho de conocer de qué viven los jueces". Exfiscal Avelino Guillén.

La plataforma no solo revela si el patrimonio de un magistrado aumentó o decreció en un período determinado, sino que también permite seguir la evolución en paralelo de su carrera judicial hasta su cargo actual, los datos esenciales de su formación académica y si en algún momento de su vida militó en un partido político. Todos, elementos que nos revelan a las personas detrás de un poder tan grande como el de administrar justicia.

LA INVESTIGACIÓN

El proyecto comenzó en octubre de 2015, con un pedido de acceso a las declaraciones juradas completas de los jueces a la Contraloría General de la República. Un mes después, la solicitud ingresada por uno de nuestros periodistas fue rechazada con el argumento de que la información de las declaraciones juradas formaba parte de los datos personales de los funcionarios públicos. Esta respuesta era una clara violación de la Ley de Transparencia.

Entonces, el equipo decidió descargar directamente de la web de la Contraloría las 6.400 declaraciones juradas disponibles, correspondientes a los 1.306 jueces que formaban parte de la Corte Suprema y las cortes superiores de Lima y Callao (específicamente la sección II, la única parte accesible, aunque en formato PDF). Con este punto de partida se construyó una base de datos en Excel, que contempló los montos globales reportados por los jueces en bienes, ingresos públicos, ingresos privados y el rubro ‘otros’ (referido a los ahorros, donaciones, herencias, premios, bonos, deudas e inversiones en el sistema financiero). También consultamos fuentes de información de paga, como la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), para obtener documentos sobre los bienes inmuebles y empresas registrados a nombre de los magistrados; y la central de riesgo Infocorp, para detectar si algunos de los jueces tenían deudas pendientes o créditos vigentes en el sistema financiero. De esta manera, pudimos completar un panorama razonable de su situación patrimonial.

Para construir el perfil de carrera judicial de los jueces, el otro elemento de la investigación, reunimos sus hojas de vida almacenadas en Excel en el sitio en línea del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), extraídas a través de un proceso de escrapeo o descarga automatizada mediante un software creado por nuestros desarrolladores. También hicimos consultas en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, para identificar a los magistrados que tuvieran un historial partidario o que se mantuvieran como militantes de un partido político, una falta grave acarrea la separación del cargo. En este caso, las consultas se hicieron de manera manual en cada uno de los 1.306 casos, debido a que la fuente en línea presentaba diversas barreras.

El recojo de información se completó con la descarga automatizada de las bases de datos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y del Registro de Deudores Alimentarios del Poder Judicial.

En resumen, la base final fue construida a partir de estas nueve fuentes:

• Las declaraciones juradas (sección II) de los jueces descargadas manualmente del portal de la Contraloría General de la República.
• Documentos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
• Registros de la central de riesgos Infocorp.
• Base de datos de las hojas de vida y registros de carrera judicial del Consejo Nacional de la Magistratura
• Pedidos de información a la Oficina de Control de la Magistratura sobre los récords de sanciones a jueces.
• Base de datos del Registro de Organizaciones Políticas (ROP)
• Base de datos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir)
• Reportes de demandas civiles en el banco de datos del Poder Judicial.
• Registro de Deudores Alimentarios (Redam), elaborado por el Poder Judicial.

EL ANÁLISIS

La construcción de esta gran base de datos fue el punto de partida para un complejo trabajo de análisis combinado con reporteo. En las primeras etapas se realizó diversos cruces entre la relación de jueces de Lima, Callao y la Corte Suprema con la información de las fuentes mencionadas para detectar posibles coincidencias. Por ejemplo, se indagó si alguno de los magistrados aparecía también en los registros de sanciones administrativas del Estado, por si hubieran ocupado otros cargos públicos antes de ser jueces; y también se revisó si algunos estaban comprendidos en juicios por alimentos, otra falta grave que impide ejercer el cargo de juez, según la Ley de Carrera Judicial. En estos dos cruces no se encontraron coincidencias.

Los cruces que sí detectaron coincidencias pasaron a una fase de verificación manual, para contrastar de la manera más certera posible la condición de cada juez a la fecha de esta investigación.

Suprema Fortuna detectó 21 jueces que aparecían como activos pese a no estar en ejercicio.

Uno de los problemas para el análisis fue, precisamente, la carencia de información oficial actualizada sobre la evolución de los cargos y la trayectoria de los magistrados. Ni siquiera el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el poderoso órgano que nombra y fiscaliza a quienes administran justicia, dispone de un registro confiable de su carrera judicial ni de sus hojas de vida. La descarga automatizada de los documentos arrojó una hoja de cálculo de 11 mil celdas, que presentaba información atrasada respecto a los nombramientos de los jueces, e incluso a su propio ejercicio: la revisión de Suprema Fortuna detectó al menos 21 casos que aparecían como jueces activos a pesar de que ya no estaban en ejercicio. Uno de esos casos se remontaba hasta los años 90. Para remediar el problema, el equipo debió recuperar la información faltante mediante la revisión individual de más de un centenar de cuadernillos en PDF de las Normas Legales donde suelen publicarse los comunicados y resoluciones de nombramientos hasta la fecha.

En el proceso de análisis también fue necesario identificar y comprender la dinámica del sistema judicial, en el que los jueces tienen hasta tres estatus diferentes: titulares, nombrados de forma permanente para impartir justicia; provisionales, que son jueces titulares asignados temporalmente al cargo inmediato superior para cubrir un puesto vacante o de licencia; y supernumerarios, que no tienen plaza fija, pero figuran en un registro y pueden ser llamados a ejercer según la necesidad. A la hora de establecer los rankings, se tomó en cuenta esa diferencia de estatus para ajustar la lectura a la realidad, en función al tipo de ingresos, el periodo en el cargo y otros criterios.

Otro factor a considerar fue la distribución geográfica del sistema judicial. Los juzgados de Lima y Callao están divididos en seis distritos judiciales que atienden a una población de más de 8 millones de habitantes. En los últimos dos años se crearon los distritos judiciales de Ventanilla Noroeste y Lima Este. La nueva conformación sirvió para presentar de manera más exacta dónde están los jueces con mayor número de sanciones en estas jurisdicciones, y su relación proporcional con otras jurisdicciones del país.

La información fue sometida a limpieza y análisis con herramientas que forman parte del kit de OjoPúblico, como el software Open Refine, que permite depurar y corregir grandes cantidades de datos en menos pasos. Los resultados fueron trasladados a una plataforma desarrollada con el framework Django, una librería de software que permite hacer páginas web de manera flexible. La aplicación, desarrollada por dos programadores del equipo, consta de un especial de visualizaciones hechas con la librería de herramientas D3.js, que muestra los hallazgos más relevantes, y un buscador hecho con Elasticsearch, un potente sistema de administración de contenidos. Todo esto permite la posibilidad de buscar información por el nombre del juez, su cargo o la jurisdicción donde ejerce, y entender la evolución de su carrera o su patrimonio.

LOS HALLAZGOS

Además de las revelaciones principales, que se verán en la plataforma Suprema Fortuna, parte importante de lo que esta investigación revela está en lo que los propios magistrados han mantenido en la opacidad. Ahora sabemos, por ejemplo, que la cuarta parte de jueces no tenía ninguna declaración jurada registrada en la Contraloría, que más de la mitad no consignó la universidad donde estudió, y que existen importantes vacíos en los que los responsables de hacer cumplir la ley faltaron a su obligación personal de declarar su patrimonio a pesar de la vigencia de la ley, incluso durante varios años, lo cual es una falta administrativa que puede derivar en la destitución.

Las autoridades no han respondido de manera adecuada a las consultas realizadas por OjoPúblico a raíz de esta investigación. En enero pasado se solicitó por escrito una aclaración sobre las declaraciones juradas faltantes en el portal de la Contraloría, para saber si esto se debía a que los magistrados –todos con estatus de supernumerarios, es decir que pueden ser designados en cualquier momento– no habían presentado sus declaraciones juradas o a que el sistema de búsqueda estaba desactualizado. Hasta la fecha, tras cinco meses de espera, la Contraloría no ha dado explicación precisa sobre el caso.

Hasta donde sabemos, el pedido pasó al Departamento de Análisis Forense de la entidad, donde se abrió el expediente 08-2016-01043. En esta área se atienden los casos relacionados a indicios razonables de delitos graves y de investigación compleja. Hasta ahora no tenemos resultados.

En un intento para cruzar información, el equipo de Ojo-publico.com envió cartas a la Oficina de Control de la Magistratura y la Oficina de Comunicaciones del Poder Judicial para consultar si tenían registro o copia de las más de trescientas declaraciones juradas de las que no se tiene noticia. Las respuestas también fueron negativas. Para descartar toda duda razonable, enviamos cartas a una muestra aleatoria de quince magistrados de la lista para consultarles si cumplieron con presentar sus declaraciones juradas o no. Solo uno respondió que sí lo hizo.

A diferencia de la mayoría de funcionarios, los jueces solo son evaluados cada siete años.

Tras una avalancha reciente de críticas sobre la crisis del sistema, y poco después de un informe de Suprema Fortuna que revelaba el sorprendente patrimonio de un juez supremo y sus posibles conflictos de interés, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, anunció la creación de la Ficha Única del Magistrado para digitalizar y organizar en una base de datos la información histórica de la carrera de los jueces en ejercicio en el país. La relevancia de este paso radica en que, a diferencia de la mayoría de funcionarios, los jueces solo son evaluados cada siete años en los procesos de ratificación que determina la ley. En ese lapso, es poco probable que sean sancionados incluso si se ven involucrados en graves irregularidades.

En un país donde los niveles de credibilidad y aprobación del sistema judicial son de los más bajos en la administración pública, la vigilancia de los administradores de justicia es un tema de interés nacional. Según el Foro Económico Mundial, el Perú es uno de los diez países más corruptos del mundo para conseguir sentencias judiciales favorables. “La ciudadanía tiene legítimo derecho de conocer de qué viven los jueces”, dijo hace poco el ex fiscal Avelino Guillén en un conversatorio realizado en el marco del proyecto Suprema Fortuna. “Por la delicada función que desarrollan, por la función especial, tienen una mayor exigencia de la sociedad con la finalidad de dar muestras de honestidad”, señaló Guillén, quien en su momento tuvo a cargo la Fiscalía Suprema de Control Interno, desde donde investigó a su vez numerosos casos de corrupción al interior del Ministerio Público. Las redes son las mismas en todo el sistema de justicia. Esta es una primera respuesta.

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Fuentes de Suprema Fortuna:

Contraloría General de la República, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Central de Riesgos Infocorp, Consejo Nacional de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura y archivo de normas legales de El Peruano, Gaceta Jurídica, Registro de Deudores Alimentarios, Base de Datos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y Justicia Viva - Cruz Silva del Carpio