SUPREMA FORTUNA

La justicia en el Perú depende de un sistema que tiene 2.912 jueces. Esta investigación se ha centrado en la trayectoria y el patrimonio de los 1.306 magistrados que integran la Corte Suprema, las cuatro cortes de Lima y la corte del Callao. El análisis de su historial permite detectar desde jueces superiores que experimentaron un notorio incremento de bienes hasta jueces supremos que, a pesar de su mayor jerarquía, declaran no tener propiedades. ¿Nos están diciendo la verdad los encargados de impartir justicia en el país?

La Corte Suprema, máxima instancia del Poder Judicial, está formada por cuarenta jueces. Solo la mitad tiene estatus de titular, mientras que la otra mitad es provisional, es decir que tiene el cargo de manera temporal, a criterio de su presidente. De los veinte jueces supremos titulares, cinco cuentan con patrimonios de entre 1 y 2 millones de soles. Los tres que encabezan la lista tienen un pasado con denuncias o cuestionamientos por su desempeño o por inconsistencias en su patrimonio.

Patrimonio total

La suma de los bienes y el rubro otros

Bienes

Casas, terrenos, departamentos, locales, cocheras, autos, obras de arte, joyas, barcos, aviones y acciones en empresas.

Otros

Donaciones, herencias, premios, bonos, ahorros e inversiones.

Ingreso público

Remuneración estatal del funcionario.

Ingreso privado

Ingresos por actividades privadas

Las cortes superiores de Lima y Callao están integradas por un total de 206 magistrados. De los veinte con mayor patrimonio, al menos 13 superan el millón de soles. En proporción, los superiores son más «afortunados» que los supremos. Hay un juez superior que incrementó en 1500% su patrimonio en doce años de ejercicio. Otro pagó un crédito hipotecario de 15 años en apenas 2 años. Un tercero triplicó su patrimonio en 9 años a la par que acumulaba 180 demandas por su desempeño. Esta es la escala.

Patrimonio total

La suma de los bienes y el rubro otros

Bienes

Casas, terrenos, departamentos, locales, cocheras, autos, obras de arte, joyas, barcos, aviones y acciones en empresas.

Otros

Donaciones, herencias, premios, bonos, ahorros e inversiones.

Ingreso público

Remuneración estatal del funcionario.

Ingreso privado

Ingresos por actividades privadas

La ley de carrera judicial prohíbe que los magistrados militen en partidos políticos. Es una falta grave que acarrea destitución. Sin embargo, Suprema Fortuna ha detectado entre el 2007 y el 2015 al menos 41 magistrados de Lima y Callao ejercieron el cargo mientras militaban en un partido, y 85 estuvieron inscritos en algún momento en una organización política. Este es un importante indicio para entender el posible juego de influencias de las redes de poder al interior del Poder Judicial.

Las redes de influencia se establecen desde la universidad. A pesar de que es un campo obligatorio de la declaración jurada, el 64% de jueces no consigna el lugar donde se formó académicamente. De los que sí incluyen esa información, 267 provienen de una universidad pública, mientras que 207 estudiaron en una universidad privada. No existe rigor en la supervisión de los antecedentes educativos. Tampoco de posibles conflictos de interés al incorporarse como catedráticos, con frecuencia de universidades vinculadas a partidos políticos.

Los jueces son fiscalizados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Entre 2010 y 2015, la OCMA aplicó 6 mil 274 sanciones, entre amonestaciones, multas y suspensiones. En ese lapso, el CNM destituyó a 129 magistrados, uno de cada 6 denunciados por inconducta funcional. Sin embargo, entre 2015 y 2016 el mismo CNM designó a la Corte Suprema a 2 jueces que años antes fueron destituidos por graves delitos. Fue el origen de la última crisis del sistema.

En el 2015 se registraron más de 29 mil quejas de ciudadanos contra la labor de los jueces y auxiliares del Poder Judicial en el país. La OCMA y sus oficinas descentralizadas impusieron 610 medidas disciplinarias a nivel nacional, un promedio de dos sanciones al día. El grueso de estas medidas se concentró en Lima: 329. Los otros focos disciplinarios fueron Ica (177), La Libertad (163), Arequipa (118) , Huánuco (94) y Piura (92). Esto sin contar los casos descartados, que sumaron 4.150 entre absoluciones, prescripciones o causas improcedentes.